La reunión en Suiza satisface, pero todavía no complace. Y todo porque tiene que quedar claro cuáles son los roles de cada entidad y no provocar olas ni rumores sobre la base de intereses particulares. Para eso no hace falta ni bulla en los medios y menos protagonismos espectaculares.

El Comité Olímpico Ecuatoriano sabe que por ley debe rendir cuentas de sus actos porque recibe fondos públicos, y no es -nunca debió ser- una corporación de carácter estrictamente privado. Que porte la bandera del Ecuador, que los atletas lleven el uniforme tricolor es un orgullo porque representan a un país y no a una entidad particular. Y por eso mismo reciben, como nunca antes, fondos del Estado.

Por otro lado, los dirigentes olímpicos no tienen inmunidad, y menos privilegios, a la hora de rendir cuentas. Por lo mismo, como cualquier otro ciudadano, cumplen y deben hacer cumplir la ley a sus subordinados. Por lo mismo, debieron elegir sus directivas como manda la nueva Ley del Deporte. Como no lo hicieron, la ley ordena la presencia de interventores. Si no les gusta la ley, ¿por qué no impidieron su vigencia? Por ahora saben perfectamente que la ley es para todos y no hay un solo artículo que declare excepciones o privilegios.

El Ministerio del Deporte, como organismo rector de las políticas públicas del sector, como lo ordena la Constitución, no puede ceder en su tarea de hacer cumplir la ley. Y al mismo tiempo debe abrir los espacios de diálogo, por supuesto, pero para facilitar ese cumplimiento y no para evitarlo.

Corresponde ahora, tras la reunión de Suiza, el pasado jueves, abrir ese compás de diálogo para que se anule el show y el escándalo, sobre la base de la información real de cada uno de los roles de las entidades en conflicto, pero sobre todo para favorecer el trabajo de los atletas que están próximos a participar en los Juegos Olímpicos.