El resultado arroja cifras y hechos preocupantes. Incluso parecía que era un sector intocado, donde todo pasaba como si fuese otra república. Y lo que salió de las inspecciones dice mucho de la realidad que nunca se quiso abordar, y menos afrontar.

Por ahora la cifra más significativa es que 44 de 86 extensiones universitarias no fueron aprobadas por el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Ceaaces).

Lo que no se conoce en detalle son las condiciones en las que se desenvolvían estas entidades de carácter universitario. Y a eso se añade que solo una universidad se lleva alrededor del 50% de las extensiones no aprobadas.

¿Por qué funcionaron en esas condiciones que llevaron a una inspección que ha dado lugar al resultado conocido? ¿Qué clase de profesionales salían de esas entidades para satisfacer las demandas de la producción, la economía y el servicio público? ¿Formaban profesionales de calidad o solo entregaban cartones como títulos?

Si algo explica el subdesarrollo de un país es la calidad de su educación y formación de sus ciudadanos. Y si por las 86 extensiones pasaron miles de miles de estudiantes, y si más de la mitad de esos centros no cumplía con los requerimientos básicos y fundamentales, entonces entendemos por qué vivíamos en ese nivel de “desarrollo”.

La transformación que requiere la educación superior en  Ecuador pasa por esos cambios legales y estructurales, pero sobre todo porque los actores de este sector entiendan y asuman que la instrucción universitaria no es un negocio ni mucho menos un trámite para otorgar títulos.

Sorprende que de este fenómeno no se hayan expresado las federaciones universitarias por largos años controladas por un partido político, con indicios de corrupción en muchos casos. ¿No será porque precisamente hicieron de esto su plataforma electoral, política y clientelar?