Quien presentó el informe de Ecuador ante la 68 Asamblea de la SIP, realizada en Sao Paulo, fue Pedro Zambrano, dueño de uno de los periódicos afiliados a esa organización y a la Aedep. No lo hizo una comisión investigadora, nunca sobre la base de un estudio académico o institucional, menos aún con el criterio de los periodistas, gremios en general y mucho menos con representantes de los medios comunitarios y públicos. Es solo la visión de la prensa privada y comercial, y nada más la de ella.

En ese informe dice: “En Ecuador no existe plena libertad de expresión y de información. Todas las funciones del Estado están tomando decisiones que la deterioran”. Si no existe lo que Zambrano informa, ¿cómo publicó ayer toda la prensa privada lo que dice él en Sao Paulo? Si no hay información, ¿cómo se  informan nuestros ciudadanos de lo que habla él? Y lo más grave: cuando menciona “todas las funciones del Estado” hace un señalamiento grave, ante un foro supuestamente honorable y respetable, porque  involucra a todas las funciones sin presentar una sola prueba que respalde su afirmación.

Claro que para todo esto acude a los mismos ejemplos que al interior de Ecuador tienen otras interpretaciones y hasta explicaciones factuales. Por supuesto, la SIP no es  un referente moral sobre libertad de expresión, sino, como lo dijo un comunicado de decenas de periodistas de América Latina, publicado ayer en este diario: “busca armar un nuevo episodio de la campaña emprendida por este cartel (la SIP) para señalar que su poder acumulado es intocable; esto es, que toda iniciativa que pretenda propiciar mayor diversidad y pluralidad en el mundo mediático debe ser condenada por ‘atentar a la libertad de expresión’, obviamente, una prerrogativa suya”.

¿Algo más puede decir la SIP sobre la realidad mediática de Ecuador? No, solo lo que digan los representantes de la Aedep  y los dueños de la prensa comercial; el resto de la sociedad, para variar, no cuenta en este informe.