El asambleísta Cléver Jiménez ha sido sentenciado por injurias junto a dos activistas políticos que le “acolitaron” en una demanda judicial contra el presidente de la República Rafael Correa. En su sentencia, la jueza indica que "se ha probado la existencia material del delito de injuria judicial tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal", por lo que "se les declara culpables en calidad de autores materiales". Jiménez y Fernando Villavicencio fueron sentenciados a un año y medio de prisión y una multa de 31 dólares. Para Carlos Figueroa la pena fue de seis meses y ocho dólares, "por cuanto ha justificado los atenuantes establecidos en el artículo 73".

En la sentencia también se incluye la suspensión de sus derechos de ciudadanía por el tiempo igual de la condena.

Los ciudadanos ahora sentenciados han sostenido en varios medios de comunicación que hay irregularidades en el proceso porque para que se juzgue a alguien debe haber sentencia en el juicio que motivó la demanda. Y a la vez, insisten en la acusación de que el principal responsable de lo acontecido el 30 de septiembre de 2010 es Correa. Incluso, señalan que el Presidente abusó de los recursos públicos ese día y ordenó disparar tras pedir que lo rescatasen del hospital de la Policía.

En otras palabras, los ahora sentenciados asumen que, por encima de cualquier consideración jurídica, sus versiones son las únicas y las que explican todo lo ocurrido ese fatal día.

Por lo mismo, la sentencia pone en su lugar un hecho político: decir la verdad conlleva enormes responsabilidades y no por tener inmunidad o ser activista político se puede soltar acusaciones sin las pruebas respectivas. Y al mismo tiempo, este hecho jurídico devuelve al origen de un evento histórico que todavía deja coletazos: el 30-S debe ser esclarecido en su integridad, pero con las pruebas, datos y hechos comprobados y no solo desde una oposición beligerante, escandalosa y colgada de propósitos políticos antes que de responsabilidades jurídicas, políticas y públicas.