Las autoridades de los municipios de las más grandes ciudades del país están obligadas a sentar un precedente: fijar tarifas de acuerdo con la realidad de los usuarios y de los taxistas, pero sobre todo para mejorar la calidad del servicio, de modo que cualquier incremento no sea con base en la exigencia de un sector y mucho menos por un pacto electoral.

Por ejemplo: en Guayaquil es raro el uso del taxímetro y la autoridad ha hecho poco para hacer cumplir la ley. En Quito hay taxistas que imponen sus tarifas, a pesar de que el taxímetro señale otra. Y en las dos ciudades hay zonas con desatención, tarifas arbitrarias y sin el control necesario. Si hay que tomar medidas, esas autoridades deben pensar en los pasajeros, no en los gremios bajo la presión de pactos políticos.

Si no retrocederíamos a los tiempos en que las corporaciones organizaban un paro y al otro día se fijaban las políticas. Por tanto, los municipios le deben a la ciudadanía una política transparente, responsable y de hondo sentido político para fijar las tarifas, controlar la calidad del servicio y una regular revisión de las unidades. (O)