Las últimas noticias alrededor de la afiliación voluntaria a la seguridad social han provocado una discusión y debates que deberían ir más allá, pero ante todo sobre la necesidad de una nueva Ley de Seguridad Social, para consolidar lo que ordena la Constitución de 2008.

En su artículo 34 dice: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes  se encuentran en situación de desempleo”.

Quienes  quisieron privatizar y hasta ‘tercerizar’ este derecho  saldrán ahora a criticar todo  lo que se haga a favor de estos principios esenciales.Y para ello hace falta el concurso de todos los sectores, por varias razones que nacen de las nuevas circunstancias y condiciones de la realidad económica, social y laboral del Ecuador, a partir de los cambios ocurridos en varios órdenes. Consolidar un sistema universal de seguridad social, donde se incluya a  cada uno de los ecuatorianos en nuestro territorio y a quienes viven fuera del país, exige una voluntad enormemente política porque no se trata de cualquier medida o de una erogación de recursos.

Tampoco es hablar solo de reducir a un asunto tan complejo a la atención médica, que, siendo fundamental, también conlleva un conjunto de necesidades, infraestructura, recursos humanos y técnicos. La respuesta está en el artículo de la Constitución antes mencionado y, por lo mismo, como componente fundamental, está la solidaridad y eso va a dar lugar a que algunos sectores se opongan a una legislación sobre seguridad social que sea para garantizar la equidad. Incluso, quienes en algún momento quisieron privatizar y hasta ‘tercerizar’ este derecho fundamental saldrán ahora a criticar todo lo que se haga a favor de estos principios esenciales de una sociedad justa.

Por todo ello, la reflexión de lo que deba mejorarse en el sistema de seguridad social, con una ley orgánica, estimula a quienes creen en cambios estructurales y favor de una sociedad de bienestar. Y en ese sentido nos demanda a todos los ecuatorianos un aporte patriótico e inteligente para asegurar esos deseos por mucho tiempo postergados a causa de intereses mercantiles.