Por más esfuerzos que hagan muchos hipercríticos, no se puede desconocer el cambio de fondo que hay en la gestión legislativa desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi. Incluso los legisladores de oposición (algunos de los cuales fueron diputados antes de 2007) reconocen el cambio significativo, tanto en lo administrativo como en lo político. Ni los procesos de gestión ni la infraestructura son los mismos, no porque se hayan comprado más muebles o se haya hecho reparaciones en la estructura física. Al contrario, por lo que se ve, por la reportería realizada en el lugar, hay cambios que obedecen a nuevos procesos para un mejor desempeño y servicio legislativo.

Ahora bien, para un sector de la oposición y de la prensa comercial y privada, el déficit de la primera Legislatura del Buen Vivir es la fiscalización, por el solo hecho de que supuestamente no hay juicios políticos o no han caído cabezas de los funcionarios para exhibirlas como trofeos de batalla política. Y si solo fuese por eso, también es cierto que se ha mejorado en el concepto de juicio político, que es completamente distinto al del penal, administrativo o civil. Un juicio político es para evaluar, condenar o perdonar supuestas irregularidades en la gestión política y no en sus responsabilidades penales, que para eso está la Fiscalía. ¿Cuál fue el legislador de oposición que sustentó un juicio político con el ex ministro de Deportes que se encuentra procesado penalmente?

La segunda legislatura del Buen Vivir tiene por delante un reto fundamental, sobre la base del camino recorrido por su predecesora: sustentar jurídicamente el terreno para la transformación de la matriz productiva y cumplir con los mandatos constitucionales y populares. Y algo más: sustentar la fiscalización como un acto de última instancia y con carácter político, responsable y de hondo contenido democrático.