Ya hablan de derrocamiento (“dentro de la democracia”). En sus cabezas, imaginan el futuro inmediato colmado de cambios y reformas, juicios y sentencias, “cuando todo esto se haya acabado”.
Si lo dijeran aquellos personajes y hasta grupos económicos ‘afectados’ por las medidas, leyes o decretos que supuestamente reducen su riqueza se entendería. Siempre han sido ellos quienes han impuesto las normas, a veces dejando un margen para cierta política social que no perjudique sus ganancias. Pero quienes ahora son los más altivos ‘insurgentes’, ‘rebeldes’ y contestarios a toda medida son esos legisladores, intelectuales, blogueros y tuiteros que demandan justicia, equidad, respeto a los derechos humanos, supuestamente. Y para eso acuden a lo único que ronda su cabeza: el derrocamiento ‘democrático’. ¿Ya tienen lista la ‘Junta de salvación nacional’?
Nadie duda de que una ley para regular la ganancia o el incremento del patrimonio, legítimo, indiscutiblemente tiene un costo político porque trastoca el orden establecido (casi siempre a favor de los mismos de toda la vida).
Pero es muy sintomática la reacción de esos sectores y personas señaladas anteriormente: ha quedado claro que no quieren cambios a favor de los más pobres y que toda su retórica es en realidad para defender -al costo que sea- el statu quo. Por tanto, es innecesario discutir con ellos sobre una transformación social de fondo y para construir una sociedad igualitaria. Ellos prefieren los privilegios, la existencia de pobres a su servicio, para que su patrimonio sea intocado.
La herencia no es necesariamente el producto del trabajo de una sola persona, en particular. Para que exista históricamente, sin lugar a dudas, hay un proceso inequitativo detrás. Esa acumulación es el resultado de un conjunto de acciones y medidas que garantizan un modo de vida para acumular, en un contexto concreto. Y ese es el de una sociedad injusta donde las empleadas domésticas de haciendas y mansiones prácticamente eran esclavas y los empleados en general recibieron sueldos de miseria, sin ninguna garantía ni beneficios.
Cierto que mucho de eso ha cambiado, pero también lo es que falta mucho. Por eso cierta izquierda habla de que no se ha hecho nada, pero ahora, cuando se discute el tema de las herencias y la plusvalía, se queda callada y con su silencio apoya a los sectores que dice combatir, con ‘fervor y pureza revolucionaria’.
La ley para gravar las herencias ha revelado a todos aquellos que en realidad no quieren cambiar nada, que solo buscan regresar a ese modelo de acumulación, donde las clases sociales quedan bien marcadas y jamás habrá un proceso intensivo de igualdad, como proclaman de dientes para afuera.
La reacción a esta ley, además, refleja el tipo de sociedad que cierta izquierda y la derecha quieren para el Ecuador del siglo XXI. (O)
