Hasta ahora seis federaciones deportivas han convocado a elecciones para renovar sus dirigencias. Estas son las de canotaje, sóftbol, tiro con arco, tiro olímpico, automovilismo y kartismo. Como ya se sabe, son 40 federaciones y todas deben cumplir este proceso, de acuerdo a las nuevas normas legales, pero sobre todo por un básico y fundamental principio de renovación.

Del mismo modo, con este proceso se garantiza que los recursos públicos que reciben estos organismos deportivos tengan el uso adecuado y la obligada rendición de cuentas. Por más que se desgañiten algunos dirigentes “eternos” de que ellos solo responden con resultados, no pueden dejar de lado una ley y un compromiso ético con el Ecuador.

No se trata de un embrollo jurídico, ni mucho menos de una postura autoritaria con un segmento de la sociedad que se creyó por mucho tiempo inmune a todo control -y de absoluta condición privada- cuando de manejar plata se trata y de exigencia pública cuando se requiere apoyo.

El Ministerio del Deporte, como organismo rector de la política pública, ha hecho bien en poner orden, en garantizar el cumplimiento de la ley y generar procesos reales de participación en un sector que parecía monopolio y hasta reducto “privadísimo” de los eternos dirigentes deportivos con muchos nexos con grupos económicos y financieros, que sustentan a los partidos políticos y personalidades de la política tradicional.

Así como en la educación, en la medicina, en el transporte y hasta en los medios de comunicación se sostiene que ni los gremios ni los propietarios tienen que rendir cuentas. Ha llegado el momento de poner orden, con base en la Constitución y en la ley porque, de lo contrario, seguiríamos fomentando a esos poderes fácticos que solo hablan de lo público para reclamar plata o exigir sus derechos particulares y no pensar en la sociedad.