Hay un mandato constitucional y otro popular. El primero fijado por la Constitución de 2008 y el segundo por la consulta popular de 2011.

Y a todo ello se suma otra razón de fondo: tras la expedición de la Ley de Radio y Televisión, por parte de la dictadura, en 1975, muchos sectores de la comunicación (periodistas y académicos fundamentalmente) han luchado por la existencia de una normativa que armonice las condiciones reales en este campo, como el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero sobre todo esa relación de poder entre empresarios, medios, periodistas y académicos. No es una lucha nueva ni mucho menos desconocida, salvo porque los medios comerciales y privados la ocultaron para solo demandar respeto a la libertad de expresión, cuando saben bien que esta nace de condiciones básicas y normas claras.

Desde este diario, y en calidad de medio público, solicitamos que la primera ley que se apruebe en la Legislatura inaugurada este martes sea la  de Comunicación. Por dos razones fundamentales:

1.- Con esa ley adquieren reconocimiento legal los medios públicos y comunitarios. Para ello deben quedar claras las normas y procedimientos para su existencia y desarrollo, garantizando su autonomía editorial y económica. Con esa ley, además, deben sustentarse todos los principios para una verdadera democratización de la comunicación.

2.- El peso mediático en la política ha colocado a ciertos medios como actores en la confrontación política, atribuyéndose roles y protagonismos que no les corresponde. Y para ello hay que establecer normas sin afectar los principios fundamentales, sin crear censura previa y garantizando la responsabilidad ulterior.

Bajo estos argumentos, los nuevos legisladores deben asumir la obligación urgente de aprobar la Ley de Comunicación para generar los procesos democráticos por los que han luchado, desde hace más de 30 años, comunicadores y la misma ciudadanía.