Para que no quepa duda: 34 países del continente aprobaron, en una primera instancia por los embajadores permanentes,  las recomendaciones hechas por una comisión de la OEA sobre algunas de las tareas, responsabilidades y condiciones institucionales de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH).

Y frente a ello, en Ecuador, algunos medios y Fundamedios dijeron que las propuestas que se incluyeron en el informe atentaban contra la libertad de expresión. De hecho, Fundamedios, que había recibido aportes de la CIDH para hacer algunas actividades acá, fue la organización no gubernamental que más espacio recibió en la prensa llamada libre e independiente.

En ninguna de esas entrevistas su director explicó el contexto, el contenido y los asuntos de fondo que motivaron al Ecuador y a otros países a aprobar esas recomendaciones, según se sabe, producto de un largo análisis sobre la eficiencia, efectividad e independencia de una entidad que debe sostenerse sobre la base de su mayor objetividad.

Que haya un Código de Conducta, que el financiamiento sea de la propia OEA y que asuma sus responsabilidades con la mayor distancia de cualquier injerencia e incidencia ideológica es un avance trascendental.
¿A eso se oponían ciertos medios y Fundamedios? ¿Se entiende tamaña arrogancia? Y si ahora son 34 países los que apoyan medidas de ese tipo, entre los cuales se cuentan México, EE.UU., Chile y otros con presidentes de derecha, ¿quiere decir que se trata de un acto de gobiernos dictatoriales, que limitan la libertad de expresión y/o que conculcan los derechos de los periodistas?

Entonces, basta con este ejemplo para afirmar y subrayar cuánto pesan en la agenda informativa de muchos medios sus intereses particulares, deponiendo  las visiones estatales, institucionales y, sobre todo, sociales.
Por ahora, con este “gran ejemplo”, Fundamedios y alguna prensa han tenido que reconocer que, ante todo, está el bien común y el interés social.