El movimiento social -y en particular el indígena- es parte orgánica de la democracia y, como tal, asume algunas responsabilidades públicas. La principal: motivar la discusión y elevar la reflexión sobre los temas de interés colectivo.

Su razón de ser, además, obliga a colaboraciones permanentes en la lucha por un mejor mundo para todos. Pero una organización de ese movimiento indígena (porque hay otras) no puede atribuirse la verdad absoluta, mucho menos desinformar sobre un tema vital para sus comunidades. Eso ocurrió la semana pasada con la llamada ‘Marcha por el Agua’.

Su principal tesis fue que, con la nueva normativa, se privatizaba su uso. Como la realidad es terca y está a la mano, algunas comunidades rechazaron esa marcha y defendieron la ley aprobada por la Asamblea. Con ello quedó claro que no hacen falta distorsiones y verdades a medias para la disputa política. Con la verdad por delante, hasta había que felicitar el acto histórico de contar con esa ley.