Los organizadores de la marcha denominada “de los 14 millones” hacen uso de su libertad de expresión. Pero abusan de ella porque confunden políticas públicas de salud con su moralidad y religiosidad que son de carácter privado. Nadie puede imponer a otro lo que es de su particular creencia, menos cuando de por medio hay otro tipo de problemas relacionados con las creencias y religiones.

En un Estado laico hay unas responsabilidades concretas de las autoridades que no pueden depender exclusiva ni particularmente de lo que diga un grupo religioso. No es un Estado ateo, pero sí tiene obligaciones muy puntuales con la ciudadanía. Y si esas obligaciones atraviesan por definir políticas de salud para garantizar la integridad y hasta el bienestar de las personas,   ningún grupo religioso puede imponerse sobre base -además- de prejuicios.

De ahí que la marcha, en su esencia, tiene un carácter político, de grupos conservadores, porque lo que demandan, desde presupuestos falsos, no explica esta manifestación, mucho más cuando utilizaron, aparentemente, el nombre de la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Quito, aun cuando algún sacerdote los haya apoyado.

Y más allá de la marcha hay otro aspecto clave: que un grupo, por mayoritario que sea, se tome el nombre de todo un país para reivindicar asuntos de su creencia o fe, habla de una falta de respeto y de exclusión a otras personas que, sin compartir sus postulados, tienen derechos y obligaciones.

Incluso en este caso hay algo más: estos grupos conservadores buscan la cabeza de la Ministra de Salud por su opción sexual. Como piensan que todos deben ser como ellos, les vale un pepino que una ministra, que cumple con su trabajo responsablemente, desarrolle políticas claras para garantizar el bienestar y la vida de sus ciudadanos.