Aunque suene a lugar común o verdad dicha mil veces, hay que subrayarla: la libertad de expresión es patrimonio de los ciudadanos, no de los medios. Y aunque resulte obvio, hay que afirmarlo: los medios, como su nombre lo indica, son mediadores entre la sociedad y el Estado, entre los poderes y los actores políticos, sociales, culturales y económicos. Los medios, donde nos incluimos como diario público, no podemos reemplazar a esos actores ni a esos poderes.

De ahí que sostener, muy maquiavélicamente, que porque los ministros no den entrevistas a los medios comerciales se atenta contra la libertad de expresión, parecería otra muletilla más para revelar cuáles son los verdaderos propósitos de esa clase de prensa con la información oficial.

Paradójicamente, la prensa privada llama a los ministros a sus espacios, no para que informen lo que está pasando, lo bueno que están haciendo, para que la ciudadanía se informe de lo que ocurre en el país, sino, muchas veces, para replicar las denuncias infundadas de la oposición, para “criminalizarlos” mediáticamente. ¿Acaso es mentira que cuando esos ministros  informan de algo positivo sus palabras son editadas y solo destacan sus “errores”?

Lo que verdaderamente debe preocupar a los medios comerciales es su oficio, su responsabilidad, la ética con la que trabajan, la calidad de la información que trasladan a la sociedad. No debe ser su gran problema tener o no una entrevista con un ministro, sino visitar las páginas web y los informes oficiales para verificar hasta dónde está cumpliendo con su función. Y si frente a eso hay dudas o datos que no cuadran, garantizar una respuesta y no solo buscar el show para denigrarlo. ¿No ha pasado muchas veces ya que algunas de las preguntas que hacen los entrevistadores de televisión son las mismas que hacen los miembros de la oposición?