Los legisladores de todo el mundo tienen muy clara la película de su gestión y responsabilidades. No hay parlamento en el mundo que no considere como suyas la fiscalización y el control político en estricto sentido. Y no hace falta mayor explicación ni jurídica ni de sentido común para saber que la inmunidad que los protege y alienta debe ser de altísima gravedad y responsabilidad.

Lastimosamente, a propósito de un juicio penal por injurias, ahora se ha generalizado, casi como un lugar común, que la inmunidad está destruida y que en Ecuador ya los legisladores no pueden fiscalizar. Y eso pasa, casi como todo con la prensa privada y comercial, porque se colocan los temas estrictamente jurídicos dentro del campo mediático como una plataforma política para la oposición o para sus aliados en los medios.

Si en estos últimos años hay asambleístas enjuiciados no es precisamente por fiscalizar. Por lo menos uno, que no fue reelegido, estuvo involucrado (y el proceso sigue porque hubo apelación) en un juicio que no tiene nada que ver con la fiscalización sino con un crimen horrendo, donde su pareja sentimental fue sentenciada como la principal autora del asesinato de una familia.

Por lo tanto, no hay que confundir inmunidad con impunidad, aunque resulte reiterativo señalarlo. Es más, si el uso político del tema da para que la oposición revele sus carencias porque ha sido incapaz de fiscalizar bajo todos los preceptos jurídicos y democráticos, no está bien que se generalice de tal modo una supuesta anulación o desaparición de la inmunidad parlamentaria.

La fiscalización del oficialismo y de la oposición (con el apoyo del aparato mediático) debe ser para garantizar absoluta justicia y transparencia. Si los unos y los otros no lo han hecho bien, por las razones que fuesen, los únicos perjudicados son los ciudadanos y el control político democrático. Todo lo demás es show del más barato.