Nunca antes se había escuchado de un candidato semejante advertencia: serán él y su alianza política los que informarán al país los resultados de las elecciones de la próxima semana. Aquello, aparte de ser una atribución de funciones ilegítima y un desafío a la institucionalidad del Estado, constituye de sí la más clara expresión de desestabilización política.

Y eso no coadyuva para nada al desarrollo pacífico del proceso electoral donde el ciudadano tiene derecho a votar sin amenazas y mucho menos la sospecha de que su voluntad sea ‘interpretada’ por uno de los binomios finalistas. Ya hay pruebas de la existencia de un aparato de control electoral privado del candidato que amenaza con ser el vocero de los resultados.

Si ahora se hacen estos actos ilegales, ilegítimos, ¿cómo sería si llegaran al poder? ¿Actos de esta naturaleza no son los que se desterraron gracias a una década de gobernabilidad y estabilidad políticas? Ya tuvimos mucha experiencia en los tiempos de la partidocracia como para tolerar de nuevo esta lógica política en escena. Ojalá la sensatez y el buen criterio primen en estos días para evitar la desestabilización. (O)