El pleno de la Asamblea Nacional decidió, el pasado jueves, no levantar la inmunidad de Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica,  luego  de que dos jueces solicitaran a la Secretaría del Legislativo la  autorización del pleno  para iniciar procesos civiles iniciados por el Presidente de la República y la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Ximena Ponce, quienes lo acusaban  de  proferir injurias  contra ellos. 

La sesión estuvo matizada por  epítetos de todo calibre y  gritos del lado izquierdo de la sala hacia el derecho (entiéndase desde el sector de la oposición hacia la bancada de PAIS) y en  este clima  de violencia verbal  salió ileso el legislador, a pesar de que durante  la jornada se lo percibió nervioso y en constante cabildeo con sus colegas.

Al final del día y con las tensiones controladas,  el “hombre duro” de Sociedad Patriótica se permitió exhibir un gesto irónico y  burlón hacia Fernando Cordero,  presidente del Poder Legislativo, y a quienes votaron por el levantamiento de la inmunidad. Pero el nerviosismo y su frente con sudor mientras se realizaba  el debate fueron muestras de que   estaba consciente de las consecuencias de sus acciones, no así sus coidearios, quienes  afirmaban -con una soberbia casi grotesca- que  estaban “vacunados” contra  procesos legales derivados de sus comentarios, porque “para eso los eligieron los ciudadanos”.

Nada más alejado de la verdad, pues  la responsabilidad ulterior, uno de los puntos más relevantes en el proyecto de Ley de Comunicación, llega también a   las autoridades  en sus acciones diarias. Ocupar una  curul no significa adquirir el   derecho a vilipendiar, calumniar y ofender sin escrúpulos a la majestad del poder.
Los procesos instaurados  contra Galo Lara no se debían a que  los injuriados fueron el Jefe de Estado y una ministra, sino que se busca instaurar una cultura del respeto a la verdad, porque si alguien acusa a otro, tiene la obligación moral, ética y  legal de sustentar su  denuncia.

El pleno se ha pronunciado, y eso, en una democracia como la nuestra, se respeta. Pero queda en la conciencia de cada uno de los 124 asambleístas la obligación de definir y limitar  sus atribuciones.