Siempre se dirá que se pudo hacer antes. O quizá que nada es tarde cuando vale la pena. Y es posible que la encrucijada para las autoridades está en hacerlo ahora, con todo el peso de las críticas e incomprensiones, para que muchos años después se dé la cosecha. Incluso alguien podría pensar que primero debió evaluarse la educación básica y posteriormente la universitaria.

Por lo pronto, la medida está anunciada: se evaluarán 31 mil colegios y escuelas. Y eso, seguramente, producirá la protesta airada de la UNE, de los gerentes de entidades educativas privadas y de un sinnúmero de corifeos, algunos de quienes estuvieron en el Gobierno y nunca hicieron nada para cambiar esa realidad.

Lo más importante será saber en qué condiciones se desenvolvía la educación ecuatoriana en esos niveles. Seguramente nos encontraremos con la triste realidad que ya muchos conocen: escuelas en patios traseros, cobrando $ 20 mensuales de pensión, con profesores sin preparación alguna, con precarias herramientas pedagógicas, etc.

Y cuando empiecen las sanciones y el cierre de las que no cumplen los estándares mínimos saldrán los opositores a decir que se coarta la educación y que se afecta el futuro de los estudiantes.

Quizá el Gobierno se ha demorado en este campo. Esa evaluación debió hacerse al principio del mandato de Rafael Correa. Debe haber razones de fondo para eso, pero es cierto que hay una demora en este tema porque a estas alturas ya tendríamos un indicio que podría advertir un plan de reformas o reestructuración, que acompañe a lo ocurrido con el sistema universitario.

Lo que sí es cierto es que  sin la nueva Constitución no se podía hacer nada que transformara esa realidad, porque estábamos atados a un sistema y a unas condiciones en las que imperaba lo que esos poderes ilegítimos, pero bien arraigados, imponían desde concepciones grupales y corporativas.