La educación es una ruta al desarrollo. Y en la Amazonía, la región con mayor índice de pobreza del país, eso lo tienen muy en claro. Esta semana se realizó una cumbre que tenía como objetivo analizar las necesidades de esta zona para luego estructurar demandas a las autoridades, entre ellas al Estado central.

Cada año la Amazonía produce 15.000 bachilleres, de quienes 5.000 se presentan para rendir un examen que les permita ingresar a la universidad pública. Queda un saldo de 15.000 jóvenes de quienes no se conoce su destino; las autoridades locales temen que sean presa fácil de la droga o que migren para nunca más retornar.

No se trata de que todos los bachilleres vayan a la universidad, eso depende de la vocación de cada persona. Pero sí hay que garantizar que el que quiera hacerlo, tenga una oportunidad. Tampoco se trata de construir centros de educación superior en cada cantón del país, pero sí de revisar las inequidades territoriales que sufre Ecuador.

La Ley de Circunscripción Amazónica, recientemente aprobada, obliga a la creación de cuatro universidades en esta zona. Eso y el impulso que da el Gobierno a los institutos parece una solución al problema. Pero evidentemente este es un proceso que tomará su tiempo.

No solo basta con educación, el sistema debe generar fuentes de empleo suficientes para que esos jóvenes graduados encuentren trabajo y no migren. La migración interna también tiene sus consecuencias para el desarrollo. Las provincias más pobres se deshabitan y se quedan sin mano de obra calificada, lo que afecta a la economía local.

Las arcas fiscales atraviesan momentos difíciles, pero se ha indicado que la inversión social se mantendrá. La región amazónica es rica en recursos minerales y petroleros, los cuales han financiado obras en el país. Pero es importante que la zona se desarrolle en armonía con la naturaleza y lo suficiente para que sus jóvenes no se vayan. (O)