La economía no es igual a una receta de cocina

- 13 de marzo de 2018 - 00:00

Entre el 2008 y el 2010, María Elsa Viteri fue la ministra más importante del primer período presidencial de Rafael Correa y por eso se la recuerda, bien o mal, en el ambiente empresarial, en el político y en el académico. Apenas cumplió dos años en una de las funciones más complicadas en el andamiaje del Estado.

Después de eso no se la vio en ninguno de los espacios mediáticos porque prefirió dedicarse a actividades privadas; hasta que el 6 de marzo, poco más de un mes después de la consulta popular, el Presidente de la República la nombra ministra de Economía y Finanzas, lo cual genera apoyo y rechazos que se traducen en enormes expectativas.

No eludió el llamado a volver al sector público y, pese a un accidente que tuvo hace pocas semanas, está de vuelta para asumir un reto muy importante, como es el de trazar el rumbo económico para los siguientes años al frente de esa secretaría de Estado. En una entrevista que concedió a este Diario aseguró que fue errado el apelativo que recibió de ser una “dama de hierro” porque siempre mantuvo contactos con todos los sectores de la economía, incluidos los empresarios.

Promete que las puertas del Ministerio estarán abiertas para dialogar y llegar a acuerdos antes de presentar el plan económico. Califica como absurdo que sin haber tomado ninguna decisión económica se registre un alza de pocos puntos en la calificación del riesgo país.

Hay que entender, afirma Elsa Viteri, que la economía es eminentemente social y que el factor clave es el ser humano. Hay personas que creen que “la economía se maneja como un recetario y que si una ya tomó decisiones no puede cambiar... eso pasa cuando a la economía se la ve como una receta de cocina”.

Otro de los temas que siempre generan divergencias en materia económica tiene que ver con los subsidios. La Ministra considera que deben ser transitorios y descendentes en su costo. Muy precisa su aclaración de que no hay que confundir lo que es subsidio con las obligaciones del Estado que, por derecho, debe asegurarse de que la población reciba el subsidio. (O)