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El Telégrafo

La destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana

16 de octubre de 2020 - 00:00

Censurado. Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue destituido de su cargo por incumplimiento de funciones y falta de probidad.

El extitular obtuvo un carné de discapacidad y una licencia de conducir tipo “E” con documentos falsos. Cruz se defendió y dijo que son hechos ocurridos antes de ser elegido integrante del Consejo.

Pero esa justificación daña su imagen. Un funcionario y más aún la máxima autoridad de una institución siempre deben actuar con  moral, integridad y honradez antes y después de ser elegido o nombrado para un cargo público

La Asamblea no cuestionó la legalidad del carné con el 81% de discapacidad visual y auditiva, que consiguió en un solo día, mientras a otras personas les toma entre tres y cuatro años. Ni la validez de su licencia, que es para conducir camiones extrapesados, tráiler, volquetas o tanqueros.

Sin embargo, si tiene ese porcentaje de discapacidad, ¿cómo puede manejar transporte pesado? Gracias a ese carné, el expresidente del Consejo fue exonerado de pagar impuestos de 2016 a 2020, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El Parlamento también destituyó y censuró  al primer presidente del Consejo, José Carlos Tuárez, así como a los consejeros: Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez, en agosto de 2019, por incumplimiento de funciones. Ellos crearon una comisión de juristas  para revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, aunque la Corte Constitucional emitió una sentencia que impide esos procedimientos de revisión.

Pero aún queda el problema de fondo: la utilidad del Consejo de Participación, creado por Rafael Correa en 2007, para manejar todos los organismos de control. Esta entidad, que está en un proceso de reforma constitucional para eliminarla (la única manera para desaparecerla),  tiene tres funciones: promover la participación ciudadana; luchar e investigar casos de corrupción; y designar a las autoridades de control.

También una nómina de 284 funcionarios y un presupuesto de $8’998.817 al año.

 

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