Hasta ayer los partidos y movimientos tenían plazo para inscribirse  como actores políticos legales y bajo las normas del Código de la Democracia. Y por lo visto, una veintena de aquellas organizaciones que desde el retorno a la democracia, en 1979, tuvieron una vida relativamente activa, ha dejado de existir. O por lo menos, esas entidades políticas ya no cuentan con el respaldo ciudadano para sumar las firmas necesarias que las coloquen como actores reales del juego democrático y en la disputa de espacios de poder.

Siendo así, de confirmarse, hay dos revelaciones a considerar históricamente: en la dinámica política cumplieron su ciclo y no justificaron su existencia más allá, en algunos casos, de su presencia como partidos de gobierno o con una significativa participación en gobiernos locales y/o en la representación legislativa. Y al mismo tiempo hay una evidencia de que la figura, concepto y hasta imagen del partido político, como ese referente de relación entre la sociedad y el Estado, como esos mediadores e intermediadores ciudadanos, se agotaron. Todavía es muy temprano para aventurar una teoría de esa magnitud, pero hay indicios de que los partidos políticos en  Ecuador no logran cuajar como entidades de largo aliento, de sostenido crecimiento, y mucho menos de respeto como entidades vitales de la democracia en todas sus expresiones.

Los teóricos más ortodoxos dirán, por esto, que la democracia es débil, pero a la vez podrán reflexionar hasta dónde “nuestras teorías” han sido producto de nuestra propia experiencia y de la amalgama de hechos y acontecimientos que nos obligaron a adoptar esa figura para la edificación de la misma democracia. Por ahora están las evidencias ahí para que esos teóricos y los nuevos pensadores nos expliquen por qué la participación política en esos espacios pierde sentido y sustancia.