El mandato estuvo claro: investigar y presentar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008. Y el resultado no puede ser más asombroso y doloroso: de 118 delitos de lesa humanidad, ocurridos en ese período, el 55% ocurrió en el gobierno de León Febres-Cordero; hubo 456 víctimas y hay indicios de responsabilidad en contra de 459 personas, de ahí el 50% es miembro de la Policía Nacional.

Lo lamentable es que la Fiscalía General del Estado, bajo la conducción de Washington Pesántez, no hizo su parte en más de un año desde que fueron entregados el informe, los documentos, las evidencias y los casos para judicializar lo que por más de dos décadas permaneció como una clara política de impunidad, amparada por todos los gobiernos que pasaron por esos años.

Por lo pronto, el actual Fiscal ha dicho que llegará al fondo de cada caso. Y si lo hace, esperemos que en el menor tiempo posible tengamos una respuesta y sanción a todos los responsables.

Lo que quedó pendiente y como una deuda de la Legislatura es la elaboración, discusión y aprobación de la Ley de Reparación de Víctimas. En otros países, tras la gestión de las comisiones de la Verdad se procedió a la reparación, no por un asunto económico, sino por todo lo que involucra a las víctimas en sus vidas y en las de los parientes de  quienes fallecieron o desaparecieron. Y, claro, eso debe hacerse para sentar precedentes; y también, si en el futuro ocurriera algo igual, tener el marco legal para asistir a las víctimas.

Lo cierto es que el informe de la Comisión de la Verdad demostró al mundo que el Ecuador vivió años oscuros y tenebrosos por una política de Estado donde se privilegiaba la violación de derechos humanos antes que la lucha contra la inseguridad bajo el marco legal nacional y los principios universales.

La comisión cumplió con su cometido y ha dado una lección histórica para la memoria del país, por encima de las circunstancias políticas.