No lo dicen los países de la ALBA ni los medios públicos y democráticos de América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en boca de su vocero Jesús Orozco Henríquez, lo señaló al presentar el informe anual de este organismo. Él criticó abiertamente, no desde una postura “revolucionaria y de izquierda”, que Estados Unidos no haya firmado la Convención Americana de Derechos Humanos ni los instrumentos interamericanos como el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belén, los Derechos Humanos relativos a la pena de muerte, la desaparición forzosa de personas, de prevención y sanción contra las torturas y la convención de Derechos Civiles de la Mujer.

De otro lado, Orozco reconoció las dificultades económicas por las que atraviesa su institución y urgió a los Estados a “hacer realidad la voluntad” de garantizar su financiación plena, como expresaron los cancilleres en la Asamblea General del pasado 22 de marzo.
Entonces, ¿se trata de ahogar a la CIDH para que no cumpla con su trabajo como expresaron algunos personajes políticos, oenegés de corte liberal y los medios privados y comerciales de Ecuador?, ¿por qué ahora no hay un solo editorial o titular sobre lo dicho y demandado por Orozco?

La CIDH debe ser fortalecida en su integralidad y no solo una de sus relatorías, como quieren ciertos sectores interesados únicamente en “sus derechos” y no en los más trascendentes y fundamentales para la construcción democrática de sociedades de bienestar y de desarrollo equitativo. Y eso no solo pasa por su financiamiento, que es importante. También constituye un punto neurálgico que todos los Estados del continente se comprometan para que no sean solo unos los obligados a determinadas políticas y otros no, los cuales, como EE.UU., denuncian a unos Estados cuando en su “patio interno” no firman convenios y tratados fundamentales.