La justicia tardó poco para el extitular de la Senain, Pablo R.

- 24 de febrero de 2020 - 00:00

Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia (Senain) del gobierno de Rafael Correa, fue detenido en España y extraditado a Ecuador, el viernes pasado. Las autoridades españolas lo apresaron, el martes el 18 de febrero, por orden de la Audiencia Nacional.

Hace 20 meses fue detenido por primera vez en España por una orden de difusión roja solicitada por la oficina de la Interpol en Ecuador. Pero la Justicia española lo dejó en libertad y él cumplía medidas sustitutivas a la prisión y debía presentarse ante las autoridades españolas de manera periódica. Romero y Correa tienen un juicio que está suspendido por el delito de plagio (secuestro sancionado hasta 7 años de cárcel) debido a que no puede ser juzgado en ausencia en este tipo de casos.

Según la Fiscalía, ambos son autores del secuestro del activista político y exasambleísta Fernando Balda, en agosto de 2012. Balda estuvo retenido 90 minutos y se salvó gracias a que un taxista llamó a la Policía colombiana para contarles que lo subieron a un auto a la fuerza. Este caso desembocó en la sentencia a 21 meses y 22 días de prisión a dos agentes de la ex Senain: Jessica Falcón y Raúl Chicaiza, que se acogieron a la cooperación eficaz para reducir la pena.

Los dos confirmaron que Correa y Romero ordenaron el secuestro de Balda. ¿Por qué? Balda hizo algunas denuncias en contra de Rafael Correa. Por ejemplo, dijo que el exmandatario tenía una presunta central secreta para espiar a periodistas y opositores. Por eso, el expresidente lo demandó y el activista político se fue a vivir a Colombia en 2009 y 2010. Allí se unió al grupo del exmandatario colombiano Álvaro Uribe. La Policía del vecino país hizo una investigación sobre el caso y concluyó.

Además, Pablo Romero debe enfrentar otro proceso penal por el denominado caso “Caminito”, a través del que usó en forma inadecuada fondos públicos de gastos especiales. Romero dispuso la operación para obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenía datos de las Fuerzas Armadas, del Gobierno anterior y de altos funcionarios. El perjuicio para el Estado fue de 162.582 dólares, el delito es peculado (sancionado con 13 años). (O)

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