No al golpe de Estado

- 09 de octubre de 2019 - 00:00

Nunca en la historia de las protestas sociales se había visto tanta virulencia verbal y violencia física como en las últimas horas. Esto se resume en la ocupación de pozos petroleros, incendio y destrucción de vehículos policiales y militares, saqueo a una empresa de productos lácteos, a una exportadora de brócoli y, como si fuera poco, un asalto a la sede de la Contraloría General del Estado.

¿Esa acción fue espontánea y al calor de las marchas en la noche del lunes o estuvo premeditada? No hay pruebas, pero sí muchas sospechas que recaen especialmente en quienes administraron antes el Estado y quisieran que las pruebas y documentos desaparezcan o sean quemados.

Por eso es tan importante que ese hecho no se repita en la Fiscalía, donde reposa mucha información e investigaciones de corrupción, especialmente la que se relaciona con sobornos en la contratación de obra pública con una empresa constructora brasileña.

El martes, durante dos horas de extrema tensión, un grupo fuerte de manifestantes logró romper el cerco que custodiaba el edificio de la Asamblea Nacional e ingresó mediante el uso de la fuerza; sin embargo, fue desalojado.

Todos estos episodios son parte de las pretensiones por generar el caos y un golpe de Estado, tal como informó el lunes el Presidente de la República durante su primera intervención desde Guayaquil, poco después de trasladarse a esa ciudad junto con sus ministros.

Acompañado del Alto Mando militar, Lenín Moreno denunció una reunión de políticos ecuatorianos en Venezuela y con el respaldo de Maduro, algo muy grave que tuvo eco en el ámbito mundial.

En un comunicado, la OEA garantizó la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la protesta pacífica, pero calificó de injustificable que algunos actores (políticos) “la conviertan en un derecho a la violencia, al saqueo y al vandalismo”.

Ecuador es país de paz, su pueblo, trabajador y emprendedor; la Constitución garantiza el derecho al trabajo y a la circulación libre por el territorio; y bajo esos conceptos el Presidente y el Estado volvieron a manifestar la voluntad de diálogo, el respeto a los derechos humanos y a la propiedad pública y privada que algunos se empeñan en destruir. (O)