Para el asambleísta de Sociedad Patriótica lo óptimo sería no publicar, dejar en silencio, censurar toda información sobre el crimen cometido en Quinsaloma. Todo lo contrario a lo que él exige de las autoridades del Estado.

Confunde con absoluta irresponsabilidad información con persecución. Si esa fuese la lógica, lo que él hace también es persecución, cuando pide información y la difunde (con la colaboración estrecha de varios medios de prensa comercial) de forma permanente.

Genera un malestar infundado ante las audiencias cuando se declara perseguido político porque este Diario y los demás públicos, y otros de gestión estatal, difunden lo que pasa sobre ese horrendo crimen. ¿Le gustaría que hagan con él lo que hizo un matutino quiteño al colocarle página entera para hablar de su “trayectoria política”, o que a cambio de la publicidad que coloca en uno de circulación masiva por su tinte policiaco no se diga nada del caso en el que supuestamente está involucrado?

El asambleísta, como legislador, debe saber que si pone publicidad en un medio no por ello está obligado a censurarse. ¿O lo hace para eso mismo? ¿Está colocando mucha publicidad en la prensa comercial para que ya no hablen de ese crimen y quede en la impunidad?

No entiende que este es un diario público y responde a la comunidad, no a los intereses particulares de ninguna persona. Tampoco conoce que tratándose de un personaje público, que se ha labrado como tal de distintas maneras y por eso tiene una curul en la Asamblea, tiene responsabilidades públicas, y cualquier acto que vaya en contra de su responsabilidad -o por lo menos que afecte su condición de tal- debe ser considerado, publicado e informado.

El asambleísta solo debe demostrar cómo lo persigue El Telégrafo y con todo derecho le daremos el espacio que solicite respetuosamente.