El archipiélago de Galápagos, inscrito como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978 y seis años después como Reserva de la Biósfera, es una provincia con 693.700 hectáreas de extensión. Es rica por su flora y fauna, con especies únicas en el mundo que la convirtieron en un parque de investigación científica.    

Preservar el ecosistema ha sido siempre el eje principal, a través del cual han girado los intereses no solo de las autoridades sino también de grupos ecologistas, de sus colonos, y de extranjeros que llegan a Ecuador atraídos por las “Islas encantadas”.

En abril de este año, el Gobierno anunció una campaña para hacer de Galápagos un archipiélago libre de plástico y emprender una restricción progresiva de recipientes de este material, cuya degradación -si hablamos de las botellas- es de hasta 1.000 años si permanecen enterrados, y de las fundas, es de 150 años.

El pasado 26 de octubre, en cambio, se inició la campaña para reemplazar los envases de espumaflex. Cuidar de las “Islas encantadas” también llevó a las autoridades a concientizar a la ciudadanía sobre cómo la pirotecnia afecta al medio ambiente.

A cuatro días de que culmine el año, es decir, el pasado 28 de diciembre, los miembros del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos aprobaron una resolución que prohíbe la pirotecnia, de la que están exentos los juegos luminosos que no producen ruido. La medida impide la comercialización, tenencia, transporte y uso de cualquier tipo de fuegos artificiales.

Lorena Tapia, presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, calificó de “histórico” este hecho y dijo que era un “regalo para el Ecuador y el mundo de la conservación”. Ya no habrá más animales que al escuchar los estallidos de los detonantes sufran hasta de taquicardia, ni el ambiente se contaminará ni afectará las vías respiratorias de todo ser vivo. Este es un ejemplo que debe imitarse en todo el país. (O)