Durante el informe en materia de seguridad -que es una de las últimas acciones del presidente Juan Manuel Santos antes de dejar el poder-, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, emitió un dato y una advertencia.

Dijo que en dos años fueron erradicadas 120.000 hectáreas de cultivos de coca (la materia prima para elaborar cocaína) y, a modo de defensa de la gestión, aseguró que su gobierno no tiene por qué salir “vergonzante” por el mundo recibiendo críticas respecto de la voluntad para luchar contra el narcotráfico. Tal vez una de las mayores críticas al gobierno de Santos es que la situación en relación a la producción de estupefacientes no ha cambiado demasiado en relación con años anteriores y, a casi un mes de dejar el poder, se anuncian medidas que antes causaron problemas en la relación bilateral fronteriza.

En efecto, el anuncio del mandatario colombiano tiene que ver nuevamente con la fumigación de plantas de coca en la zona de frontera mediante una tecnología que ahora utiliza drones para regar el glifosato sobre las plantas. El glifosato es un herbicida que destruye las hojas de plantas y arbustos, mas no sus raíces. La diferencia con campañas anteriores de erradicación de cultivos es que antes se hacía desde pequeñas aeronaves.

Recordemos que en 2008 las fumigaciones colombianas generaron un conflicto debido a las denuncias sobre afectaciones a la piel de habitantes de la zona fronteriza. La autoridad de entonces denunció a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por causa de las fumigaciones ocurridas entre 2000 y 2007. En 2013 hubo un acuerdo entre los dos gobiernos y la demanda en La Haya no prosperó.

Según el presidente Santos, antes de este nuevo anuncio de fumigación con glifosato, se desarrollaron planes piloto que tienen el aval de los ministerios de Salud y de Medio Ambiente de su país; y eso significa que cumplen con las normas de salubridad y medioambientales. Las comunidades que habitan la extensa zona fronteriza también esperan que su salud no resulte afectada, como se denunció en 2008. (O)