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Exalcalde de Cayambe aporta más pruebas de corrupción

06 de marzo de 2018

El exalcalde de Cayambe, Diego Bonifaz, dijo algo que muchos sospechaban, pero que no podían creer. Según expresó en una entrevista a los Medios Públicos, un abogado que trabajaba en la Contraloría dirigida por Carlos Pólit pedía $ 100.000 para que las auditorías de la gestión municipal sean aprobadas. Como el alcalde se negó desde un comienzo a pagar, el “enviado” sugirió que cada director aporte con $ 10.000 para que el informe sea favorable y pueda continuar en sus funciones con toda normalidad.

Bonifaz estuvo 11 años como alcalde de Cayambe y fue separado de sus funciones tras la auditoría del organismo de control del sector público. Siete años después, el exalcalde decide hablar y se ratifica en la denuncia sobre presuntos sobornos para lograr informes favorables. Se podría argumentar que alguien se tomó el nombre de la Contraloría para engañar al Municipio, pero en todo caso el testimonio se constituye en un elemento más de prueba que las autoridades deben tener en cuenta en la investigación sobre la corrupción que sembró la empresa constructora brasileña en Ecuador y en muchos países del mundo.

Este es apenas un (mal) ejemplo de lo que ocurrió durante una administración que no cumplió con su función, que es la de velar por los intereses del Estado y del país. Otro ejemplo sobre este modelo de corrupción lo reveló José Conceiçao Santos, quien aseguró haber pagado $ 10 millones al excontralor para que aprueben algunos proyectos de infraestructura que eran sobrevalorados para perjudicar al Estado y favorecer a quienes los aprobaban. Refiriéndose al excontralor, el representante de la constructora lo califica como un “cuarto poder” en el país.

La Contraloría General ejecuta siete nuevos exámenes a los contratos firmados por Odebrecht entre 2011 y 2016. De acuerdo con informes de la Fiscalía y del Departamento de Estado de EE.UU., la empresa brasileña entregó coimas por un total de $ 30 millones. Pólit, que reside en Miami, tiene una orden de prisión y la prohibición de enajenar sus bienes por un total de $ 10 millones. (O)

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