Los ecuatorianos consideran que la inseguridad es el problema más delicado que enfrentan. Según algunos sondeos de opinión sobre el tema, es un fenómeno regional debido -especialmente- al auge del narcotráfico y la lucha por el control de espacios, situación que se agrava si tomamos en cuenta que estamos rodeados de territorios pertenecientes a Colombia y Perú, los mayores productores de hoja de coca del mundo.

De ahí que el creciente número de delitos que golpea a la ciudadanía cause conmoción y rabia, por lo que combatir la inseguridad es una tarea pendiente  que nos  involucra a todos, especialmente y con mucha más responsabilidad a las fuerzas del orden. El Gobierno Nacional, consciente de este desequilibrio,      inauguró  ayer siete Unidades de Policía Comunitaria (UPC)  en Guayaquil, las cuales son  estructuras físicas modernas,  concebidas para que los uniformados desarrollen sus funciones con  dignidad, ocupen  habitaciones dotadas de acondicionadores de aire, cafeterías, baños y oficinas.

Una de las obligaciones del Estado, que se ha postergado cíclicamente  durante muchos años, es procurar un  trato igualitario para todos los integrantes  de la sociedad, pero de manera especial a quienes forman parte de  estamentos diversos y especializados en los que se encuentra la Policía Nacional. El gobierno de la Revolución Ciudadana está corrigiendo este desajuste y  en adelante  los uniformados tendrán todos los elementos necesarios para disuadir a quienes atentan contra la seguridad y proteger debidamente a los ciudadanos. Los sectores sociales del puerto principal y ciudades circundantes  confían en la funcionalidad de las obras emprendidas,  que forman parte del centro integrado que funciona en el antiguo complejo de Puntilla Mall.

La Policía ya tiene una mirada integral de lo que ocurre en las calles  con los UPC, que fueron edificados para que se  conviertan en espacios  de confluencia de los intereses  ciudadanos con las tareas profesionales de los  agentes del orden.