Es inconcebible: la búsqueda de soluciones a un problema no puede ser motivo del uso arbitrario, político y mediático. Todo taxista, chofer, “busero” y ciudadano responsable sabe, siempre supo, que el límite de velocidad en las ciudades obligaba a no superar los 50 km por hora. Y ahora que se hace cumplir esa disposición legal resulta que algunos agenciosos opinadores, entrevistadores, choferes y dirigentes del transporte cuestionan la medida y hasta piden que se suba “un poquito más” ese límite de velocidad. ¿A cuánto? Nada más que a 70 y/u 80 por hora.

Ya no parece chiste ni pura pose oposicionista, sino pura gana de fastidiar cualquier solución a problemas graves. Lo hacen, además, sabiendo que las obligaciones legales no distinguen a nadie y todos están comprometidos asumirlas como una forma de convivencia, mucho más cuando en los últimos años los accidentes de tránsito han motivado varias propuestas para evitarlos.

Pero parece que algunos se consideran intocables, por su  poder económico y privilegios sociales ya se asumen con excepciones legales. Da risa y hasta pena que cuando un policía los para lo primero que le espetan es: “¿Usted sabe quién soy yo?” o “Usted no sabe con quién se está metiendo”. Y por eso, como tienen ese “poder”, tienen eco en los medios comerciales y ahora hacen campaña, camuflada de crítica, con la disposición legal de siempre, pero que recién ahora se asume como una responsabilidad colectiva a cumplir.

La garantía para reducir la accidentabilidad en Ecuador no pasa, obviamente, por la aplicación de sanciones, sino por cumplir la ley, con ello se evita cualquier sanción. Y, por supuesto, hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas que cumplen con la ley y, por lo tanto, no se hacen lío. Para más: el solo hecho de cuestionar el ejercicio de una obligación, como base de un acuerdo social, prueba que en el Ecuador de hoy no hay interés por solucionar los problemas, sino por crearlos para achacar a la autoridad de turno y cosechar triunfos pírricos.