Ya el tiempo explicará -sin pasión ni prejuicios- el motivo real de la caída de los precios del petróleo, los intereses hegemónicos que hay detrás de ello y el impacto concreto en las economías emergentes, en la disputa por conquistar y someter mercados, instaurar guerras y no dejar ningún espacio para que los llamados países en desarrollo obtengan beneficio alguno de los altos precios de las materias primas en general.

Sin embargo, lo nuevo en el debate no está en la fórmula para sobrepasar este momento, sino cómo las políticas públicas y las medidas adoptadas pueden garantizar un impacto mínimo en los sectores menos favorecidos. Claro, los economistas ortodoxos y su ejército de parlantes en la prensa ‘libre e independiente’ y un grupo de supuestos analistas vuelven sobre lo mismo de siempre: el gasto público es la única causa de esta situación económica difícil, reduciendo el aparato del Estado todo sería mucho más fácil para la economía en general, etc.

Las preguntas no respondidas son: Si todo lo anterior estuviese en vigencia, ¿la caída de los precios del petróleo no habría tenido ningún impacto en la economía, en el presupuesto general del Estado y en la generación de empleo en el sector privado? ¿Si hubiese menos de 100 mil empleados públicos (donde se incluya a profesores, médicos, militares y policías) las cuentas estarían en azul? ¿Entregando la construcción de carreteras, hidroeléctricas y los llamados proyectos multipropósito a la empresa privada no habría ninguna dificultad en la liquidez general del país? ¿Con la liberalización absoluta del comercio exterior y con ello dejando que ingrese toda clase de productos importados la dolarización -que tanto defienden como valor absoluto de la economía ecuatoriana- se sostendría una semana o un mes?

Por lo visto hasta ahora, si no hubiese un Estado fuerte, institucionalizado para tomar decisiones soberanas, bajo un esquema de planificación pensado en objetivos sociales y estratégicos, esta crisis global de los precios de las materias primas (como ya ocurrió en su momento en los años setenta) nos habría causado un impacto superior y siempre en contra de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Gracias a la existencia de ese Estado se ha podido -además- contar con un prestigio y una capacidad política para obtener créditos, inversiones y confianza desde grupos y países que no quieren ni se han propuesto condicionar la política pública (como sí ocurrió en el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde se obligó a no entregar créditos quirografarios e hipotecarios desde el IESS).

Aquellos que miran al Estado como un estorbo para afrontar las difíciles situaciones del sector externo (donde también hay izquierdistas que parece no han leído a los clásicos que dicen defender en su ortodoxia verbal) saben perfectamente que un aparato estatal débil habría volcado todas las medidas y disposiciones según las exigencias de los multilaterales y las ‘sugerencias’ de las cámaras de la producción, la Asociación de Bancos Privados o la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, sin más ni más y sin chistar ni hacer escándalo. (O)