Cuando se despidió de su gobierno, en una entrevista, el ex presidente brasileño Lula dijo una frase que pocos medios reproducen: “Me voy después de ocho años de gobernar y de no haberme sentado nunca a almorzar con los dueños de los medios de comunicación de mi país”. Eso significó para él, en todo ese tiempo, una oposición mediática, que no terminó precisamente con concesiones políticas. Al contrario, para Lula significó asumir otra conducta, que a la larga definió quién mandaba en ese país y acabar con esa malhadada práctica de que en los almuerzos con directores de medios se definían las políticas.

Lo ocurrido con Lula ha pasado con todos los países y gobernantes que han “tocado” el poder de la prensa. Al asumirse como intocables han construido una verdad mediática: la libertad de expresión reside en la prensa y como valor (liberal sobre todo) no hay nadie que lo cuestione, casi como uno de los diez mandamientos de Jesús.

La disputa política está planteada en el terreno de los medios, no hay duda ya. Son ellos los portadores y defensores de una ideología (el mercado lo decide todo), de una cultura (el consumo ante todo y sobre todo), una legalidad (aquí solo cuentan los titulares y no los códigos), una ética (la prensa decide qué vale y qué no) y hasta qué pensar (la banalidad y lo superfluo como única condición de sometimiento).

Por encima de los chispazos que ocurren de cuando en cuando, producto de esa disputa, hay intelectuales y pensadores de todo el mundo que verifican el cambio sintomático de la confrontación tradicional: ya no es entre partidos ni entre organizaciones de la sociedad civil, mucho menos entre clases sociales; ahora esa disputa política ocurre (por delegación y por autodefinición) entre los medios y el poder político gobernante cuando no se somete a la maquinaria mediática. Y por tanto, el escenario de la política asimilará otras lógicas y consecuencias.