Si hay algo sobre lo que todos estamos de acuerdo es que la injusticia es una marca triste y lamentable de nuestro país. No solo de ahora, sino que arrastra décadas como estigma doloroso. Y también es cierto que para solucionar ese grave problema, sobre todo para los más pobres, los intentos han sido de toda índole y la mayoría pensando cómo controlar los aparatos de justicia.

Ahora, tras el mandato popular del 7 de mayo pasado, concluye solo una primera parte de él con la constitución e instalación de la nueva Corte Nacional de Justicia. Los 21 magistrados principales tienen por delante un reto enorme: hacer justicia (aunque parezca obvio) desde la mayor independencia, con la mejor eficiencia y sin sometimiento a ningún poder. En sus manos está el cumplimiento de ese reto. Y no debe ocurrir de aquí a un año: la señal clara y directa debe ser de todos los días, empezando por el de hoy y en esta semana, pues tienen algunas tareas pendientes.

Ese reto implica, además, eliminar toda sospecha de lo que cierta oposición y determinada prensa ha instalado como “lugar común”, gracias al eco que hacen de quienes ahora ya dejaron de ser los dueños de las cortes y se expresan como supuestos juristas impolutos, desde un “altar” falso.

Los 21 magistrados, junto con el Consejo de la Judicatura, deben instaurar una nueva época, donde desaparezca toda sospecha de corrupción, que se sancione con rigor y ejemplaridad a esos jueces, funcionarios y abogados que solo viven alrededor de una idea fija: hacer fortuna.

La justicia no puede ser más ese “factótum”, gracias a una hipócrita práctica que oculta una supuesta independencia de puertas para afuera y adentro se deja manosear por quienes más plata poseen. Por eso la nueva Corte debe ser la institución más solvente, moral, jurídica y políticamente del Estado, para garantizar a los ciudadanos la solución de sus diferencias sobre la base de la ley y las normas jurídicas. Si a eso le hiciera falta vigilancia, que sea la de la ciudadanía y apuntalando su perfeccionamiento cotidiano.