La Presidencia de la República remitió ayer al Registro Oficial la Ley de Fomento Ambiental, una vez que la Asamblea Nacional incumplió  los plazos y  procesos establecidos  para el análisis y aprobación de la norma que fue enviada  con el  carácter de económico-urgente.

La idea del  Ejecutivo era muy clara: implementar en el país una visión  de protección del medio ambiente con miras hacia el futuro que, con los índices de calentamiento global, es cada vez más incierto por la incapacidad de las grandes potencias para tomar medidas como las que implantará Ecuador.

En la reforma tributaria, también conocida como de “impuestos verdes”, hay puntos clave, como el   de evaluar  a los vehículos según  cilindraje y año de fabricación. Es indudable  que en nuestro medio circulan  automotores   de la década de los 80, e incluso otros a los que  no necesariamente se los puede llamar “clásicos” que, por el tiempo de uso, a pesar  del cuidado de sus propietarios, son  altamente contaminantes.

El Gobierno busca que seamos conscientes del consumo desmedido de conbustibles fósiles y el daño a la capa de ozono. Medidas como estas  ya fueron tomadas en Europa para tratar de salvar lo que resta de habitable en el planeta.

Otro de los aspectos contemplados  en el nuevo marco jurídico es el de tributos a los cigarrillos y alcohol. Según cálculos del Ministerio de Salud Pública, casi cuatro mil personas mueren por consumo de tabaco y  la inversión del Estado para curar a los pacientes con enfermedades vinculadas  llega a los trescientos millones de dólares por año. La ingesta de bebidas alcohólicas y los problemas hepáticos derivados   por el exceso están entre las cinco causas más comunes de muerte.

Sobre estos tópicos el Primer Mandatario fue sumamente claro y enfático: “Nosotros no estamos aquí para asegurar la reelección, sino para buscar el bienestar de todos”; así que la invitación para sacrificarse por un futuro mejor está entregada.