El relator de la CIDH verificó la libertad de expresión

- 27 de agosto de 2018 - 00:00

Es inédito que un relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya permanecido una semana en nuestro país y en reuniones con representantes de los medios de comunicación, públicos y privados, con autoridades, incluso con el Presidente de la República. Édison Lanza quería conocer personalmente cada una de las experiencias vividas por los medios de comunicación y por los periodistas durante los 10 años del Gobierno anterior. Y quería también percibir la diferencia de lo que se vive en la actualidad en materia de derechos humanos, respeto a todas las opiniones y al debate de ideas, sin insultos y sin censura.

 No todo está resuelto en materia de libertad de prensa y de expresión, por eso el relator dejó planteados varios puntos que deben ser debatidos y resueltos. Entre esos está el de la seguridad para los periodistas, un tema que surgió a raíz del lamentable secuestro y muerte de tres trabajadores del diario El Comercio en la frontera con Colombia. Otra sugerencia, muy importante, tiene que ver con el acceso a la información; en ese sentido Lanza habló de capacitar a funcionarios en una cultura de transparencia y rendición de cuentas que facilite el trabajo del comunicador social.

   El funcionario afirmó que se vive un momento de transición entre “un gobierno autoritario” y otro que reconoce la importancia del trabajo periodístico. La reparación a comunicadores y medios que fueron afectados por decisiones judiciales o administrativas del gobierno anterior también quedó planteada por el relator de la CIDH, la más importante en materia de derechos humanos, que en el pasado tuvo dificultades para cumplir su misión en el país. El resarcimiento debería incluir el reconocimiento público de las autoridades en los casos de violaciones de derechos. La reforma a la Ley Orgánica de Comunicación también fue evaluada por el relator, que hizo sugerencias que básicamente tienen que ver con la garantía de los periodistas de obtener información, de difundirla de manera responsable y sin retaliaciones.  (O)