La corrupción tiene diferentes formas en la actualidad. La palabra proviene del latín corruptio y es la acción y efecto de corromper o corromperse. Es el abuso de poder para beneficio propio y llega del Imperio romano. Allí se llamaba crimen pepetundarum, mientras los ingleses le dicen bribery (cohecho, soborno) y los españoles hablan del cohecho. La Cepal dice que la corrupción corroe la confianza en las instituciones y debilita el orden normativo de la sociedad, y si es sistémica, afecta la estabilidad, erosiona el Estado de derecho y frena el crecimiento económico y la competitividad de un país. En la década del exgobierno, la corrupción fue sistémica y política porque fue generalizada en las instituciones públicas, explica el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2019-2023, elaborado por la Función de Transparencia y Control Social, que conforman 14 instituciones, en memoria del doctor Julio César Trujillo, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El plan, que será lanzado el martes, señala las medidas para prevenir y erradicar las prácticas de corrupción: transparencia, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y cooperación institucional. A eso se suman las reformas a tres leyes (Participación Ciudadana, Contratación Pública y de la Contraloría), elaborar un Código de Conducta Ética de la Función Pública. Además, normas de control interno en las instituciones, fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana y crear brigadas de transparencia, entre otras. Pablo Celi, contralor y presidente de esa función, comanda ese plan y subraya que la integridad y la transparencia de autoridades y funcionarios previenen las conductas antiéticas, aumentan la confianza ciudadana en la gestión pública y promueven un ambiente propicio para el desarrollo social, la equidad y la justicia. Un ejemplo de ello lo hizo en su “propia casa”, del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2019: hay 4.427 informes de control; 957 títulos de crédito emitidos y se recuperaron $ 16’428.207,69; 6.021 glosas y órdenes de reintegro por $ 1.668’793.990,05; 9.794 resoluciones de sanciones administrativas por $ 11’889.036,00; 423 informes con indicios de responsabilidad penal enviados a la Fiscalía. (O)