El proceso de transformación al sistema judicial no ha sido fácil ni plagado de rosas sobre el camino. Todo lo contrario. La misma Función Judicial ha sido considerada un botín político de muchos grupos de interés. La historia es larga en eso y deja huellas del paso por ahí de todos los grupos políticos.

Inolvidables son los días en que un ex mandatario prácticamente revisaba los borradores de las sentencias y resoluciones. Y también cómo determinados partidos políticos, dos de ellos ahora extinguidos (quizá por esas mismas actuaciones), copaban la mayoría de las magistraturas y juzgados. En ese entonces, todo parecía normal, casi perenne e inamovible. Un pequeño grupo de “críticos” denunciaba y nadie se hacía eco. Hoy es otra cosa.

Tras varias pujas, que ya se desataron en Montecristi, mientras se redactaban los artículos de la nueva Constitución, en lo referente a la justicia, ya se percibió la necesidad de una transformación general, pero no se llegó a fondo. Y luego, tras la consulta de mayo de 2011, el proceso empezó. Lo logrado, en términos generales, es importante y bueno. Se redujo considerablemente el número de causas sin despachar y hay todo un camino recorrido en la implementación de oficinas, edificios y estructura técnica y tecnológica.

De todos modos, el informe de la Veeduría Internacional deja varias interrogantes, sobre todo en el proceso de designación de jueces. Que de ser ciertas, por supuesto, merecen una respuesta inmediata de la misma Judicatura. Nada puede empañar un proceso que ha costado tanto.

El pueblo ecuatoriano no se merece más dudas sobre el ejercicio de la justicia nacional, por todo lo que implica. Por eso mismo, hay que pedirles a los políticos candidatos, con afanes puramente proselitistas, que no sigan echando lodo sin antes generar un proceso crítico, con base en todo el documento de la veeduría y no solo en algunas partes.