Siempre señalamos que ver a la salud y a la educación como un negocio constituye uno de aquellos delitos graves, aunque no esté tipificado en ningún código penal. Y más si ocurre en un país con grandes déficits de atención y con sectores pobres y excluidos por un modelo capitalista que solo ve dólares donde otros ven derechos e igualdad. Por eso avergüenza comprobar lo que una investigación de este diario expuso: las clínicas privadas hicieron su ‘agosto’ con el beneficio otorgado por el Estado para atender a los pacientes derivados por el IESS. Para ello fraguaron facturas, inventaron consultas y elevaron los precios de las medicinas. El resultado está en el informe de la Contraloría solo para las provincias de Pichincha y Guayas: $ 503 millones suma el perjuicio total. Esa cifra podría incrementarse un poco más cuando salga el informe del resto de las provincias. En la práctica, la ambición de unos negociantes de la salud acarrea una erogación significativa de los recursos públicos. El IESS debe recuperar ese dinero y las instancias judiciales sancionar a los responsables con todo el peso de la ley, caiga quien caiga. (O)