Algunos empresarios sufren cuando se incrementan los sueldos. Sufren, generalmente, porque sus ganancias se reducen. Y, casi siempre, siguen ganando igual o más porque trasladan a los consumidores los costos del alza salarial.

Lo de fondo realmente es satisfacer las necesidades de los trabajadores y empleados para alcanzar la meta de un salario digno para todos los ecuatorianos. Y siendo así es una decisión colectiva que no va a satisfacer a todas las partes, pero por lo menos señala y proyecta una meta social importante y un hito histórico ahora.

Por supuesto que el aumento genera otras expectativas y, al mismo tiempo, un despunte inflacionario que requerirá del Estado controles y -además- sanciones.

En todo caso, lo que sí deben garantizar las autoridades correspondientes es la justa y debida aplicación del incremento, pues algunos malos empresarios y empleadores acostumbran a utilizar ciertos “mecanismos” para evadir esta obligación.

Para el caso de los medios de comunicación, en los que el alza para los periodistas titulados es alta y responde a una demanda histórica que los gremios periodísticos jamás han logrado (ahora menos, cuando se doblegan a los empresarios) debe haber un control mucho más estricto. La razón: prevalidos de la libertad de prensa (y de empresa) han hecho de este oficio un espacio laboral precario, deplorable en ciertos casos (sobre todo en las emisoras) y sin ninguna garantía para quienes ejercen la profesión sin medir tiempo, horarios ni calendarios.

Para los empresarios, basta que alguien sepa escribir o hacer locución para pagar lo mínimo sin ninguna de las garantías, como si se tratara de un favor.
Por ahora, el tema está del lado de los empresarios, si reconocen que su labor es hacer sociedad pagando lo que exige la ley.