La cifra sorprende y alerta. No cabe duda de que hay en esa cifra toda una simbología del poder que tenía (y aún podría tener) una institución hecha para otros fines. El Banco Central del Ecuador, creado tras la Revolución Juliana, acumuló todo ese poder a lo largo de los años que siguieron a la entrada en vigencia de la Constitución de Sangolquí, en 1998.

Al declararla como institución autónoma, casi sin control ni regulación, devino en toda una estructura jurídica, económica y política para garantizar y consolidar el modelo neoliberal. En su sustrato está -no hay ni que discutirlo- la razón esencial de ese modelo: el Estado no existe, cada entidad actúa por su cuenta, por fuera de toda planificación y regulación central. 

Lo sorprendente es que nadie se “hacía bolas” por esto. Ocurría a vista de los críticos, analistas, economistas de izquierda y hasta uno que otro académico solvente. Los partidos políticos estaban conformes con ello porque constituía un botín de cada gobierno donde se colocaba a personajes que hacían y deshacían.

¿Cómo y por qué llegó a tener tantos bienes e inmuebles una entidad como un Banco Central? ¿De qué tipo son? ¿De dónde proceden? ¿Cuándo y en cuánto se adquirieron? ¿Quién los administra o hace uso público de ellos?

Por lo visto, en el dato también hay otro mensaje y pregunta: ¿qué hicieron los anteriores gerentes y presidentes del Banco Central, de este gobierno, sobre ese tema? ¿Por qué demoraron tanto en su monitoreo y contabilización?

Tras lo informado el sábado pasado por el presidente Rafael Correa, las nuevas funciones del Banco Central serán: gestionar la liquidez para alcanzar los objetivos del desarrollo, enfoque al desarrollo del país, sistema de innovación de pagos, integración financiera y monetaria regional, se encargará del Banco del Sur y Reserva Financiera del Sur, gestionará la reservas, optimizará la utilidad, hará regulaciones monetarias y financieras, entre otras áreas.