En Pensilvania, EE.UU., se conoció hace pocos días un informe de 1.356 páginas que denuncia más de 1.000 niños abusados sexualmente o violados por alrededor de 300 sacerdotes durante siete décadas.

La Iglesia católica conocía los casos, pero se encargó de ocultarlos hasta que fueron publicados por la prensa mundial en medio de una consternación general. Las reacciones fueron de ira e impotencia y se suman a la indignación por otros casos de abusos sexuales que incluso han merecido la condena del actual Papa y la separación definitiva de la Iglesia de decenas de curas.

Los detalles sobre algunas agresiones son fuertes, pero reales; todas las investigaciones fueron contrastadas. En casi todos los testimonios se insiste en repetir que en la mayoría de los casos estuvo presente el alcohol y la pornografía, incluso algunos curas propiciaron abortos de niñas violadas.

Se supone que la Iglesia ha pagado más de $ 3.000 millones en indemnizaciones y en acuerdos con los familiares de las víctimas, pero el daño y el trauma, de acuerdo con versiones de médicos, son irreparables. En el caso de Pensilvania, no fueron muchos los casos de separación del cura de su parroquia, en algunas ocasiones simplemente fueron trasladados a ciudades vecinas, donde continuaron las prácticas de pederastia.

Los jóvenes y niños, siempre de acuerdo con los testimonios, recurrían al sacerdote en busca de ayuda para dejar la dependencia de las drogas. Confiaban en que los clérigos eran los representantes de Dios en la tierra. Casi siempre el silencio y el miedo a denunciar acompañaban la vida de las personas violadas.

Esta denuncia parece ser la más contundente de todas, superior a casos denunciados en Australia, Canadá, Alemania y Chile, donde 34 obispos de diferentes diócesis fueron obligados a renunciar por abusos sexuales en contra de menores. La Iglesia católica no solo está obligada a ofrecer disculpas por las aberraciones cometidas por miembros de la institución, debe seguir denunciando hasta que aparezca toda la verdad. (O)