Más allá de la asquerosa acción de untar las paredes de la embajada en Londres con heces, existe un protocolo, convenciones, acuerdos, etc., que un asilado debe acatar cuando es acogido como huésped en una sede diplomática. Durante todos los años de permanencia -casi siete- el señor Julian Assange hizo todo lo que se le antojó, incluidas las barbaridades denunciadas por la ministra María Paula Romo.

Al asilado se le otorgaron todas las comodidades para una vida digna, alimentación, atención médica, incluso facilidades para el uso de internet. Pero todos los recursos los utilizó para seguir entrometiéndose en asuntos de otros Estados mediante la piratería informática, incluso poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas de Ecuador con otras naciones.

Como consecuencia del mal uso que le dio a la nacionalidad ecuatoriana, que le fuera concedida a finales de 2017, el Gobierno, en un acto soberano, decidió retirarle la naturalización, un anuncio que se conoció casi en simultáneo con la decisión de entregar al sujeto a las autoridades londinenses, que ya lo sentenciaron por no cumplir una disposición administrativa. Es necesario recordar que Assange estaba acusado de abuso sexual en Suecia y de piratería informática en Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, manifestó que no se trata de que Assange haya estado de rehén en la embajada ecuatoriana, realmente Assange tenía a la embajada ecuatoriana como rehén, en una situación que era absolutamente intolerable.

El presidente Lenín Moreno calificó la conducta del australiano de irrespetuosa, agresiva y amenazante. Transgredió los convenios internacionales, faltó el respeto a Ecuador y amenazaba al Estado ecuatoriano y a las autoridades de nuestra embajada en Londres.

La Fiscalía debe atender de manera urgente la revelación de la ministra Romo de que hackers rusos, probablemente en contubernio con el régimen venezolano, formaban parte de una trama para desestabilizar al Gobierno ecuatoriano. (O)