“Vamos a practicarle una cirugía mayor a la corrupción; la de ayer, la de ahora, la que podría venir”. Lo dijo Lenín Moreno al asumir la Presidencia de la República el 24 de mayo de 2017. Para muchos, fue una frase más.

Sin embargo, las acciones lideradas en las últimas semanas por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, en contra de quienes son sospechosos de cometer actos ilícitos durante la emergencia causada por el covid-19, son una muestra de que la advertencia presidencial en contra de los corruptos iba en serio.

Y para lograr que los operadores judiciales actúen como se espera en una democracia, primero hubo que desmontar el esquema direccionado desde Carondelet y propicio al encubrimiento que funcionó durante el correísmo. Para ello se siguió un camino en el que no faltaron críticas de quienes se beneficiaron del esquema judicial anterior e incluso de quienes, sin entender la intención de reinstitucionalizar al país, exigían acciones inmediatas; como si la aplicación de justicia le correspondiera al Jefe de Estado directamente o se pudiera ejercerla con operadores e instituciones heredados del régimen anterior y, en muchos casos, leales a él.

La modificación del esquema requirió planificación y el cumplimiento de plazos. Para ello se realizó la consulta popular el 4 de febrero de 2018, en la que se preguntó sobre la lucha anticorrupción y la reforma de las instituciones establecidas por el correísmo. El “Sí” del pueblo permitió el establecimiento de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social independiente, el cambio de autoridades de control y el fortalecimiento judicial.

Sin duda, hubo aciertos y errores. Pero el hecho de que hoy haya dos expresidentes, dos exvicepresidentes, un prefecto y funcionarios de alto nivel procesados por hechos de corrupción marca un antes y un después en la historia jurídica nacional. Esto hace realidad la frase de que nadie está más allá de la ley y que la cirugía mayor contra la corrupción está en marcha. (O)