Las cifras de muertos del paro de octubre pasado, presentadas por la Defensoría del Pueblo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tienen contradicciones e inconsistencias. Incluyen personas vivas y fallecidos por accidentes y otras causas lejanas a las manifestaciones contra el Decreto 883, que eliminaba el subsidio de los combustibles.

La Defensoría, dirigida por Freddy  Carrión, emitió siete informes con un número distinto de fallecidos. El primero señaló que había ocho muertos y después en una entrevista con el diario El Comercio dijo que eran 10. En su último informe explicó que eran siete. En su listado aparecen dos “fallecidos” que están vivos: José Rodrigo Chaluisa Chaluisa y Edwin Bolaños, según la Dirección de Muertes Violentas de la Policía. El primero vive en Zumbahua, provincia de Cotopaxi; el segundo no consta como fallecido. Eso también fue confirmado por una investigación de UDLA Chanel, el canal de televisión de la Universidad de las Américas.

Incluso el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que faltaba información sobre José Rodrigo Chaluisa. Pero la Defensoría del Pueblo aseguró que José Rodrigo Chaluisa murió atropellado durante los enfrentamientos con la fuerza pública en el sector El Arbolito, de Quito.

La Conaie tiene una lista de nueve fallecidos que incluye a José Rodrigo Chaluisa Chaluisa. También está Francisco Quiñónez Montaño, quien no murió a consecuencia del paro, sino que fue asesinado en una riña familiar, según la Policía. Hay otros fallecidos en esas dos listas que son atribuidos a la fuerza pública, aunque murieron atropellados. Ángel Chilpe Gutama, quien estaba cerca de los manifestantes, en Molleturo, provincia de Azuay, y que fue atropellado por un particular.

Otro caso es el de Abelardo Vega Caisaguano, quien murió atropellado en la avenida Teniente Hugo Ortiz, al sur de Quito, según el parte policial del 12 de octubre de 2019 y los testigos del hecho. Un tercer fallecido, que está en la lista de la Defensoría del Pueblo y de la Conaie: Inocencio Tucumbi, “murió porque la fuerza pública pasó por encima de él durante las manifestaciones en la Universidad Salesiana”, en Quito. Pero la autopsia médico legal subrayó que murió de hemorragia cerebral por una caída.   Estas contradicciones e inconsistencias en las cifras de los muertos afectan el derecho a conocer la verdad. No se trató únicamente de bajarse el decreto y el gobierno, sino que grupos políticos y organizaciones, unidos al correísmo, intentaron dar un golpe a la estructura del Estado. Eso nunca se había visto en Ecuador. (O)