Impulsar la práctica del deporte, una política pública
El deporte en la región dejó de ser solo una herramienta educativa o un instrumento para promover salud y recreación. En la última década, el deporte se convirtió en un factor de desarrollo para los países y sus comunidades. Así lo entienden los representantes de los 21 países que participaron esta semana en la XX Cumbre del Deporte que se realizó en Salinas (Santa Elena), organizada por el Consejo Americano del Deporte (CADE).
A esta cita asistieron los ministros y secretarios de deportes de los países que conforman el CADE. Los representantes de Estado acordaron, entre otras cosas, instalar la temática deportiva en futuras cumbres de presidentes. Esa decisión es oportuna porque el deporte ha estado ausente de las agendas de los jefes de Estado. El deporte ha ganado protagonismo en el continente tanto a nivel social, como político, cultural y económico, en materia de inclusión, integración social y construcción de identidad.
El deporte tiene el potencial de fomentar valores ciudadanos, impulsar la integración regional y promover la inclusión social. Por eso, el CADE es el espacio ideal para que los países alineen criterios y compartan experiencias sobre sus políticas públicas relacionadas con el deporte.
En la Cumbre del Deporte, Ecuador presentó a la región su ambicioso proyecto Juego Limpio 2030, que plantea la construcción de 1.000 canchas en 20 provincias, con una inversión total de $ 5,1 millones. Impulsar la práctica del deporte es una política que ha emprendido el Gobierno Nacional de forma decidida.
El 30% de estos escenarios deportivos será multiusos y el 70% para la práctica de fútbol. 200.000 niños y jóvenes se benefician con el proyecto y el 60% de las canchas se construirán en escuelas y colegios.
La propuesta fue aplaudida. Ecuador empieza brindar asesoría a otros países que quieren incorporar este proyecto a sus programas sociales. Otro de estos proyectos son las actividades extraescolares, que promueve la práctica de deportes a estudiantes. En esta iniciativa, el Estado invirtió $ 894.894 en 2019. (O)