Todos los involucrados en el mundo de la política nacional lo tienen claro:  2012 será un año clave para el trabajo de los asambleístas, por la cadena de  dilaciones en la aprobación de normativas exigidas por la Constitución de 2008 y reforzadas por el mandato popular.

Uno de los casos más evidentes es el de la Ley de Comunicación,  cuerpo legal que ha ido de un lado para otro. Ya en Montecristi se perfiló una línea de oposición marcada por los propietarios de grandes medios de comunciación privados del Ecuador y, sobre todo, por las  fuerzas políticas que tienen la misión de torpedear todo tipo de proyecto  que provenga de cualquier sector  que tenga vínculos con el régimen. 

Pero, además, existen otras leyes fundamentales para el país que han tenido un trato que  en este año deberá cambiar, para el bien de los catorce millones de ecuatorianos. Nos referimos, por ejemplo, a la normativa que regula el uso de los recursos hídricos, también conocida como la Ley de Aguas.

Aún están frescas en la memoria ciudadana  las trabas impuestas desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que sin razones fundamentadas se opuso a la norma.

La virulencia  indígena segó la vida del maestro Bosco Wizuma, en un confuso incidente en el que, meses después, la Fiscalía General del Estado descubrió que fue por un perdigón disparado desde el lado de los protestantes.

Con el inicio de 2012, asambleístas del oficialismo y de la oposición deben buscar   consensos mínimos para la aprobación de normativas que el país exige y necesita. La ministra de Coordinación Política, Betty Tola, ha manifestado que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero jamás bajo la presión que ciertos sectores  intentan imponer. 

La invitación está hecha para los bloques de minoría en la Asamblea, como también el llamado para   encontrar puntos de concordancia;     los asambleístas deben recordar que tienen  deberes  irrenunciables frente a intereses personales. El desarrollo del país está sobre sus querencias.