Corrupción en emergencia tiene pena de 25 años de cárcel

- 28 de mayo de 2020 - 00:00

En medio de la pandemia se destaparon casos de corrupción en hospitales públicos y en el IESS para comprar insumos médicos o alimentos. Todos esos casos están en investigación y han sido judicializados, pero no es suficiente para el Gobierno. Por ello, el presidente Lenín Moreno envió el martes a la Asamblea el proyecto reformatorio del Código Integral Penal (COIP) para sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia. Según el Ejecutivo, es indispensable contar con regulaciones que garanticen la transparencia y la agilidad en las compras públicas, así como legislación penal para identificar anomalías, evitar el despilfarro y la desviación de recursos públicos. Esta propuesta sanciona las prácticas corruptas que afectan la adquisición de bienes y servicios e incluye una herramienta para que la Fiscalía pueda prevenir el mal uso y el destino de los fondos públicos en delitos de la contratación pública.

La propuesta señala que cualquier funcionario público que evada los procedimientos para procesos de contratación en provecho propio o beneficie a terceros, será sancionado, sentenciado y pagará una multa en concordancia con el monto de la compra fraudulenta. Establece penas de seis a un año de prisión cuando la contratación pública sea hasta de $ 10.000; mientras para los montos de $ 10.000 hasta $ 30.00, la sanción irá de uno a tres años de cárcel; de $ 30.000 a $ 50.000 la pena de privación de libertad será de tres a seis años de encierro. Para los montos de $ 50.000 a $ 70.000 será de seis a 10 años de cárcel;  para las superiores a $ 70.000, la pena será de 15 años de cárcel; para aquellas que sean de $ 250.000 será de 15 a 20 años y para las contrataciones que sobrepasen esa cantidad habrá 25 años de prisión.

También el funcionario que incurra en estos delitos quedará inhabilitado para trabajar en el Estado. Pero el proyecto también sanciona a los proveedores corruptos con la terminación unilateral del contrato y sin indemnización alguna, cárcel, así como el pago del monto señalado por los perjuicios al Estado y no podrá contratar nunca más con ningún Gobierno. (O)

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