El diccionario define a la corresponsabilidad como “responsabilidad compartida”. El Presidente de la República alude de manera continua a ella como el esfuerzo que debe hacer todo el país para sacarlo adelante, sin esperar salidas mágicas de las autoridades que lo resuelvan todo.

La responsabilidad compartida aplica para todo. Es importante, por ejemplo, para evitar el aumento del número de contagios con el covid-19 a través del cumplimiento de normas básicas como el lavado constante de manos, el uso de mascarilla y la conservación de la distancia mínima con otras personas. Sirve, también, cuando cumplimos las normas de tránsito, pues evita muertes en las vías; un tema que no es menor si se considera que el año pasado hubo 1.195 fallecimientos por esta causa en el país; algo así como 5,6 decesos diarios.

Y con más razón, la responsabilidad es compartida por todos cuando de luchar contra la corrupción se trata. Aquí no cabe la posición cómoda de que ese es un asunto de las autoridades del Gobierno o de los operadores de justicia. Todos tenemos nuestra parte porque la corrupción no equivale únicamente a la obtención de contratos lesivos para el Estado mediante la ayuda de algún funcionario a cambio del pago de sobornos; la corrupción atraviesa todos los estamentos estatales y de la sociedad.

Es corrupto, también, el agente de tránsito que acepta ser cohechado para no sancionar al conductor que maneja embriagado, no porta los documentos habilitantes o, simplemente, no está capacitado para hacerlo; y lo es quien paga una suma para no recibir la sanción que merece. O el estudiante que roba un examen para obtener su promoción sin esforzarse. Además, es corresponsable de actos de corrupción el funcionario de medio o bajo rango que conoce de una irregularidad y no la denuncia, porque piensa que no le compete; y lo mismo ocurre con el ciudadano en la misma posición. 

En resumidas cuentas, ninguno de nosotros puede encogerse de hombros cuando de luchar contra ese flagelo se trata. (O)